La fiscal que investiga a Salyn Buzarquis, Victoria Acuña, remitió ayer un informe a la Fiscalía Adjunta explicando los motivos de la suspensión de la diligencia el martes pasado. Posteriormente el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ordenó que un fiscal indague la veracidad del reposo médico que usó la defensa del liberal para posponer por octava vez el proceso iniciado en el 2015. En vez de recuperarse en su casa, el exministro del MOPC viajó a Uruguay con jóvenes liberales imputados, quienes solicitaron refugio por sentirse perseguidos políticos.

“Se va a investigar al médico (Hernán Codas Jacquet) y al señor Buzarquis por el certificado aparentemente de contenido falso, eso está establecido en el código penal. Entonces se abrió otra causa con relación a la utilización de ese certificado. Respecto a la causa que yo llevo el juzgado dispuso que el médico forense se constituya en el domicilio de Buzarquis y se remitió un oficio a Migraciones para saber la fecha de entrada y salida del mismo al país. Además se fijo una nueva audiencia en julio, para saber si el caso se eleva o no a juicio”, detalló Acuña a la 970 AM.

La fiscal sostuvo que en el transcurso del día tendrá el reporte del médico. “Lo que nos llamó la atención era de que en el certificado médico no se puso la dolencia, sin embargo, había reposo de cuatro días, eso da la pauta que el mal era considerable para tener tantos días de reposo. Por los medios de prensa nos enteramos que tampoco cumplió ese reposo. Por todas estas circunstancias ponemos en duda el certificado y la enfermedad que le adolecía para no presentarse en la audiencia preliminar”, manifestó.

El liberal está imputado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas durante su administración en el ministerio, bajo la era del entonces presidente Federico Franco. Con la supuesta millonaria firma de contrato con una empresa italiana, sin autorización del Poder Ejecutivo, se habría causado un perjuicio patrimonial de 600.000 dólares. Desde el 2015 se intenta resolver la causa (si se eleva o no a juicio). La fiscal Victoria Acuña pidió a la jueza Griselda Caballero que el forense judicial examine a Buzarquis. Por su parte José Almada, abogado del acusado adelantó que en la próxima audiencia solicitará el sobreseimiento definitivo, ya que supuestamente la Fiscalía no cuenta con elementos en su contra.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.